LA CONSTITUCION ECONOMICA CHILENA ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

LA CONSTITUCION ECONOMICA CHILENA ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

AUTOR: Enrique Navarro Beltran 

AÑO:  2016

PAGINAS: 313

ISBN: 978-956-7757-74-9

MEDIDAS: 15 X 23Cm

EDITORIAL: UNIVERSIDAD FINISBTERRAE

DESCRIPCION:

En esta obra se aborda con especial referencia a la doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, los fundamentos constitucionales de la actividad económica del Estado, el libre ejercicio de la libertad de empresa, la igualdad ante la ley y las cargas patrimoniales o tributos, a la vez que el derecho de propiedad y su alcance y la adecuada protección de las personas frente a la actuación del Estado administrativo sancionador.

Constituye una realidad, que al aplicarse las normas que configuran el nuevo derecho constitucional económico y tal como ocurre en el desarrollo de toda otra actividad, pueden generarse conflictos de intereses de relevancia jurídica, los que como tales deben ser resueltos jurisdiccionalmente, para que las partes involucradas obtengan una justa decisión y residualmente la sentencia restablezca la vigilancia real de la norma violentada.

Hoy en Chile, este nuevo derecho contempla, incorpora y ampara en materia económica, la plena aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, el que se encuentra garantizado, como ya se dijo, por nuestra Constitución, cuyo texto contiene normas expresas que lo consagran, como lo son la libertad económica, la garantía de no discriminación y el de la libertad de asociación, que integran en su esencia el bloque de derechos económicos de la personas, protegidos por el artículo 19, Constitucional.

Todas estas materias son abordadas en el texto de autoría del profesor Enrique Navarro Beltrán, con notable profundidad y abundante jurisprudencia, que supera las mil referencias, dando cuenta de cómo la Carta fundamental en materia económica es aplicada diariamente por los tribunales, tanto por la Corte Suprema (especialmente vía protección) cono por el Tribunal Constitucional, quien concentró el control de constitucionalidad de las leyes a partir de la reforma de 2005.

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